Como
previa a la inicio de la Mesa de negociación y al tratamiento de los temas
fijados en la orden del día, STAJ y el resto de organizaciones sindicales hemos
trasladado nuestro rechazo total a la actuación y trayectoria del Ministerio de
Justicia, en el sentido de QUE NO ESTA
SIENDO TRANSPARENTE con sus trabajadores, y por ello hemos denunciado:
1º-Que
los proyectos de modificación de la LOPJ y de la Demarcación y Organización
Judicial así como el proyecto de la Reforma del Proceso Penal, son los suficientemente amplios como para
afectar de manera directa y negativa a las condiciones de trabajo de los
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; que el nuevo modelo
organizativo basado en los Tribunales de Instancia, con la consiguiente
desaparición de los Partidos Judiciales afectará
necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas
judiciales.
2º-Que
el Ministro Gallardón ha iniciado un proceso de reformas en la Administración
de Justicia (Ley de Tasas, Ley de Registro Civil, atribución de funciones
procesales a los Procuradores, atribución de la instrucción penal a los
Fiscales, reforma de la LOPJ y Demarcación Judicial) que encierran grandes
riesgos para el servio público y para los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, pues tales reformas están teniendo como primer
efecto la limitación del acceso a la justicia por parte de los
ciudadanos con menos medios, así como una privatización de servicios para
dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para concepción de la justicia como servicio público y para la propia
subsistencia de muchos puestos de trabajo.
3º-
La atribución del anuncio de nombrar Agentes de la Autoridad a los
Procuradores, y dejar en manos de este colectivo además de los actos de comunicación,
otra funciones procesales como los actos de ejecución en materia civil. Cosa
que supone evidentemente una
privatización de funciones que actualmente desempeñamos con plenas garantías
los empleados públicos, y que encierra el riesgo, de perdida de empleo público en la
Administración de Justicia.
STAJ DEFIENDE EL EMPLEO PUBLICO Y EL
SERVICIO PUBLICO DE LA
JUSTICIA SERVIDO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA.
