El nuevo Código Procesal Penal
que prepara el Gobierno prevé eliminar del elenco de delitos que juzga
el jurado todos los relacionados con la corrupción y limitar las
competencias del Tribunal Popular a homicidios y asesinatos siempre que
no hayan sido cometidos por organizaciones criminales, en un momento de
desprestigio absoluto de la clase política, de pérdida de votos de los
principales partidos y con la corrupción como segunda preocupación de los españoles.
Fuentes consultadas que
han participado en el borrador del nuevo articulado justificaron la
drástica reducción de los delitos juzgados por jurado en tres motivos:
frente a la «simplicidad» de los elementos que entraña un homicidio o un
asesinato (premeditación, alevosía o ensañamiento), los delitos
relacionados con la corrupción tienen un «componente más complejo», y
precisamente por ello desde un primer momento el delito de prevaricación
ha estado excluido de las competencias del jurado, por esa
«arbitrariedad» que requiere el tipo penal y que es difícil de apreciar
por cualquier ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos.
El segundo motivo, relacionado con el anterior, es que cuanto más complejo es un delito, «más manipulable resulta el jurado»; y el tercero es que se trata de un procedimiento muy costoso y lento para nuestra ya maltrecha Administración de Justicia.
