PRENSA: Los daños de la corrupción son enormes: agravan la crisis, perjudican al sector público y aumentan la desigualdad social. Pero todavía más. La corrupción destroza el entorno extra-económico de una economía, al afectar corrosivamente a la confianza de los ciudadanos, a la ética del trabajo bien hecho, a la calidad de la democracia y al funcionamiento de las instituciones. Sin un entorno sano la economía se colapsa y eso es una parte muy importante de lo que está pasando en este país.
Los contribuyentes, es decir, los ciudadanos de a pie, en estas condiciones, se ven obligados a pagar más impuestos, a recibir menos y peores servicios públicos, y a pagar más caro los bienes que adquieren, porque previamente los corruptores han subido los precios en beneficio propio.
Efectivamente, podría anularse el déficit público si no hubiera evasión fiscal (se hace todo lo contrario, se amnistía el fraude por el propio gobierno). En España, no faltan recursos; el problema es que las clases pudientes históricamente se consideran en el derecho (¡Privilegio!) de no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Los programas de austeridad en educación o sanidad podrían ser perfectamente evitables. No vienen determinados por el déficit, sino por intereses e ideología; es decir, por el negocio de su privatización y el conservadurismo anti-ilustrado de la derecha clerical española.
Hay que avanzar urgentemente en la transparencia financiera de los partidos políticos, la eliminación de los privilegios judiciales de los aforados, la protección máxima de los denunciantes de presuntos delitos, la dimisión inmediata de los responsables políticos (es escandaloso que a fecha de hoy no haya dimitido ningún cargo de alto nivel por el caso Bárcenas), y la creación de mecanismos institucionales que impidan la existencia de redes clientelares.
