El Tribunal Constitucional ha arrojado luz, a través de una reciente sentencia, sobre la legalidad de los límites económicos que fija la ley para reconocer el derecho a acogerse a la justicia gratuita. En un fallo de 8 de julio de 2014, niega que el actual sistema sea discriminatorio, a pesar de que el límite es idéntico para familias y para personas solteras, tengan o no cargas familiares.
En este caso, la demandante de amparo solicitó el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita ante la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita de Valladolid. Su solicitud fue denegada por acuerdo de dicha comisión porque "los ingresos en cómputo global de la unidad familiar superan el doble del Iprem", criterio que fija la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
