Las asociaciones de jueces condicionan la idea del Ministerio de Justicia de entregar la instrucción de las causas judiciales a los fiscales siempre que se refuerce la independencia de actuación de estos. Por su parte, los fiscales se muestran favorables a asumir la instrucción de los procedimientos, pero reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.
Entre las prioridades de su departamento Catalá destaca el cambio del modelo de instrucción penal para adecuarlo al sistema que impera en la mayoría de los países comunitarios de forma que el fiscal asuma las competencias en materia de investigación bajo la vigilancia de un juez de garantías para tutelar los derechos de las partes y que resolvería finalmente si procede o no llegar a juicio.
Los Fiscales piden más garantías.
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