Miles de funcionarios se quedan sin sanidad gratuíta en Aragón por un rifirrafe político.STAJ exige al Gobierno de Aragón una rápida solución a esta situación, en la que una vez más se coloca al funcionario como moneda de cambio y blanco de todas las dianas de todo tipo de recortes.
Un desacuerdo entre el Estado y el Gobierno regional les obliga a pagar un mínimo de 70 euros por cada consulta médica desde el pasado 1 de enero. Esa es la tarifa mínima que se les factura por una simple consulta del médico de cabecera, a partir de ahí, el recibo va en aumento según la asistencia que se preste.
-Afectados: Casi 18.000 empleados públicos encuadrados en mutuas del Estado MUGEJU, MUFACE E ISFAS.
Más en concreto: aquellos que residen en municipios en los que no hay clínicas privadas que puedan prestar asistencia sanitaria de acuerdo con la aseguradora particular a la que estén acogidos por elección propia y encuadrados en las mutuas citadas.
La factura es inmedita. En cuanto son atendidos, los centros sanitarios públicos tienen orden de cobrarles el servicio o de tramitar las facturas correspondientes. Luego es el usuario el que tiene que ingeniarselas para que su aseguradora privada, a través de las mutuas de funcionarios, les abone lo que les haya cobrado la Sanidad Pública. Pero esto no resulta sencillo, dada la confusión general que existe aún ante la situación generada entre el Gobierno aragones, las mutuas estatales y las aseguradoras privadas.
Cuando el pasado 31 de diciembre expiró el anterior convenio, al Gobierno aragonés PSOE-Chunta rechazó prorrogar su aplicación.
Esta decisión ha colocado a muchos funcionarios en una situación rocambolesca e increíble.
En los lugares donde las compañías de asistencia sanitaria no tienen cobertura propia, tienen que recurrir a los servicios públicos de Salud pagando su asistencia e intentando luego el reintegro de los gastos. Es decir, los funcionarios, son rehenes, utilizados como moneda de presión.
STAJ exige al Gobierno de Aragón una rápida solución a esta situación, en la que una vez más se coloca al funcionario como moneda de cambio y blanco de todas las dianas de todo tipo de recortes.
Fuentes: Heraldo de Aragón 8-1-2017 y abc.es
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