Un informe del departamento ya apuntaba, sólo cuatro meses después de su puesta en marcha, trece graves deficiencias.Los fallos de seguridad en los sistemas del Ministerio de Justicia se han convertido en la pesadilla de este verano de su titular, Rafael Catalá, y su equipo.
A las críticas prácticamente unánimes de todos los operadores jurídicos sobre LexNET (el gran sistema de intercambio de información entre los abogados y los tribunales) se han sumado las peticiones urgentes de explicaciones en el Congreso y, desde ayer, las reclamaciones de «dimisiones» por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de los responsables de que LexNET el jueves de la pasada semana dejara sin protección datos y documentos de los sumarios que se instruyen en toda España.
Y es que el sistema, en el que la Administración se gastó 7,2 millones de euros entre 2010 y 2016, estaba obsoleto cuando hace 20 meses se convirtió de uso obligatorio.
Y el Ministerio de Justicia era plenamente consciente entonces de que LexNET, en su puesta de largo, estaba al borde del colapso. Así lo prueba un informe de la Subdirección de General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fechado el 29 de abril de 2016, cuatro meses después de la obligatoriedad de LexNET como único vínculo entre abogados y tribunales.
El informe reconoce hasta trece graves deficiencias, pero curiosamente, al menos entonces, Justicia no había detectado la mayor falla conocida del sistema: la posibilidad de suplantación de identidad (el departamento que dirige Catalá sigue sin aclarar durante cuánto tiempo existió esta peligrosa 'puerta de atrás').
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