El Ministerio de Justicia anuncia que ha elevado al Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones para reactivar la Justicia. Asimismo impulsa un cambio social respecto a las personas con discapacidad.
-El objetivo del plan es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.
- El plan se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y afectará a un total de 315 juzgados.
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.
En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.
Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.
Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas.
-Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.
El Ministerio ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.
-Reforma procesal y civil en materia de discapacidad
El Ministerio de Justicia anuncia que ha elevado al Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones para reactivar la Justicia. Asimismo impulsa un cambio social respecto a las personas con discapacidad.
-El objetivo del plan es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.
- El plan se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y afectará a un total de 315 juzgados.
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.
En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.
Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.
Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas.
-Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.
El Ministerio ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.
-Reforma procesal y civil en materia de discapacidad
Señalan que se está actuando para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, apostillan.
La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, “lo que implicaba la muerte civil de las mismas”.
Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico.
El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.
En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.
Desde STAJ reclamamos el refuerzo de plantillas en todos los órganos sobrecargados, así como que se concrete el destino final de las dotaciones económicas planteadas. Asimismo, exigimos que se nos abonen cuanto antes todas las revisiones salariales pendientes. Si pretenden pedir un sobreesfuerzo a todo el personal, lo mínimo que pueden hacer es cumplir con sus compromisos retributivos.
Señalan que se está actuando para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, apostillan.
La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, “lo que implicaba la muerte civil de las mismas”.
Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico.
El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.
En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.
Desde STAJ reclamamos el refuerzo de plantillas en todos los órganos sobrecargados, así como que se concrete el destino final de las dotaciones económicas planteadas. Asimismo, exigimos que se nos abonen cuanto antes todas las revisiones salariales pendientes. Si pretenden pedir un sobreesfuerzo a todo el personal, lo mínimo que pueden hacer es cumplir con sus compromisos retributivos.