Cientos de expedientes se acumulan en los saturados juzgados de las tres provincias de Aragón.Convocada la primera concentración de protesta de togas
La
guerra abierta entre la judicatura y el Ministerio de Justicia que
dirige Alberto Ruiz Gallardón amenaza, ante la prácticamente nula
receptividad del segundo a las reclamaciones de los primeros, con tener
graves repercusiones sobre la actividad económica y, especialmente, la
laboral.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales --unidos en la llamada Comisión Interasociativa-- anunciaron ayer en un comunicado una batería de medidas que incluyen la aplicación, a partir del 2 de noviembre, de las acciones aprobadas el pasado 21 de septiembre, de forma prácticamente homogénea en Aragón, por las juntas de jueces. Entre esas medidas destacan, por sus efectos económicos y sociales, dos: ajustar el trabajo "estrictamente a las horas de audiencia" y aplicar la "autorregulación" en los tribunales.
Los puntos que alejan a la judicatura del ministerio se centran en la reforma del CGPJ y del estatuto de los jueces, la petición de mantener el presupuesto sectorial, la solicitud de un aumento de la planta judicial y el rechazo al establecimiento de unas tasas que, en opinión de las asociaciones de magistrados y fiscales, amenazan con dificultar, cuando no impedir, el acceso de los ciudadanos a los tribunales.
"La actual situación de la Justicia es de colapso" en España, señala la Comisión Interasociativa en un comunicado, en el que añade que, "según los informes oficiales del Consejo de Europa, nuestros órganos judiciales se encuentran junto con Turquía en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que disponen y el número de jueces y fiscales por habitante".
MEDIDAS Cumplir el horario de audiencia significa que los jueces no dedicarán a celebrar juicios más que las cuatro horas que la legislación les asigna --en la práctica llegan a aplicar seis y hasta ocho de un tirón--, con lo que las vistas que no hubieran terminado, o no hubieran comenzado, quedarían pospuestas para otras fechas. Paralelamente, explicaron fuentes judiciales, los jueces comenzarían a señalar los juicios con la previsión de que, en adelante, no superen ese horario.
Y la autorregulación consiste en limitar el trabajo de las oficinas judiciales a los módulos de carga de trabajo asumibles. Esas cifras están pendientes de determinar por la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque, como orientación, aplicarían los que esa misma institución aprobó hace unos años y posteriormente anuló el Supremo.
Esta medida conllevaría un colapso total de los juzgados, ya que, pese a encontrarse entre los más ágiles de España, todos los órganos unipersonales de Zaragoza --Primera Instancia, Mercantil, Social, Contencioso, Instrucción y Penal-- superan con creces esos ratios. Es decir, que los expedientes de las demandas quedarían sobre la mesa a la espera de su turno. Y las repercusiones serían especialmente notables en las tres especialidades que concentran la actividad económica.
INSOLVENCIA Los dos juzgados de lo Mercantil de Zaragoza recibieron en los siete primeros meses de este año 199 demandas de declaración de concurso de acreedores, cuando el ratio soportable se sitúa en 22 por ejercicio. La autorregulación haría que los llegados en verano no comenzaran a ser tramitados hasta pasados cuatro años, lo que agravaría la ola de insolvencia que lleva años dañando al tejido productivo aragonés.
Ocurre algo similar en los siete juzgados de lo Social: entre todos tienen la capacidad teórica para tramitar 5.600 asuntos en un año, y solo entre enero y julio recibieron 1.341 demandas de despido y 1.456 reclamaciones de cantidad --conceptos salariales o sociales impagados--. Si se mantiene el ritmo y los magistrados trabajan a reglamento, solo podrían tramitar esos dos tipos de pleitos.
El panorama es parecido, o peor, en los juzgados de Primera Instancia, los encargados de tramitar los pleitos civiles entre los particulares. Dejando aparte los especializados en asuntos de Familia, hay 18 órganos de esa especialidad en Zaragoza. Su ratio de saturación está en 720 pleitos anuales. Y tan solo los pleitos por morosidad, que normalmente suponen la mitad de su trabajo, llevan camino de desbordar esa marca: sumaron 8.444 entre enero y julio --6.377 monitorios por deudas de menos de 150.000 euros, 370 cambiarios por efectos impagados, 921 demandas de desahucio y 776 ejecuciones hipotecarias-- cuando la capacidad total de las 18 oficinas es de 12.960.
Fuente_ El Periódico de Aragón.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales --unidos en la llamada Comisión Interasociativa-- anunciaron ayer en un comunicado una batería de medidas que incluyen la aplicación, a partir del 2 de noviembre, de las acciones aprobadas el pasado 21 de septiembre, de forma prácticamente homogénea en Aragón, por las juntas de jueces. Entre esas medidas destacan, por sus efectos económicos y sociales, dos: ajustar el trabajo "estrictamente a las horas de audiencia" y aplicar la "autorregulación" en los tribunales.
Los puntos que alejan a la judicatura del ministerio se centran en la reforma del CGPJ y del estatuto de los jueces, la petición de mantener el presupuesto sectorial, la solicitud de un aumento de la planta judicial y el rechazo al establecimiento de unas tasas que, en opinión de las asociaciones de magistrados y fiscales, amenazan con dificultar, cuando no impedir, el acceso de los ciudadanos a los tribunales.
"La actual situación de la Justicia es de colapso" en España, señala la Comisión Interasociativa en un comunicado, en el que añade que, "según los informes oficiales del Consejo de Europa, nuestros órganos judiciales se encuentran junto con Turquía en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que disponen y el número de jueces y fiscales por habitante".
MEDIDAS Cumplir el horario de audiencia significa que los jueces no dedicarán a celebrar juicios más que las cuatro horas que la legislación les asigna --en la práctica llegan a aplicar seis y hasta ocho de un tirón--, con lo que las vistas que no hubieran terminado, o no hubieran comenzado, quedarían pospuestas para otras fechas. Paralelamente, explicaron fuentes judiciales, los jueces comenzarían a señalar los juicios con la previsión de que, en adelante, no superen ese horario.
Y la autorregulación consiste en limitar el trabajo de las oficinas judiciales a los módulos de carga de trabajo asumibles. Esas cifras están pendientes de determinar por la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque, como orientación, aplicarían los que esa misma institución aprobó hace unos años y posteriormente anuló el Supremo.
Esta medida conllevaría un colapso total de los juzgados, ya que, pese a encontrarse entre los más ágiles de España, todos los órganos unipersonales de Zaragoza --Primera Instancia, Mercantil, Social, Contencioso, Instrucción y Penal-- superan con creces esos ratios. Es decir, que los expedientes de las demandas quedarían sobre la mesa a la espera de su turno. Y las repercusiones serían especialmente notables en las tres especialidades que concentran la actividad económica.
INSOLVENCIA Los dos juzgados de lo Mercantil de Zaragoza recibieron en los siete primeros meses de este año 199 demandas de declaración de concurso de acreedores, cuando el ratio soportable se sitúa en 22 por ejercicio. La autorregulación haría que los llegados en verano no comenzaran a ser tramitados hasta pasados cuatro años, lo que agravaría la ola de insolvencia que lleva años dañando al tejido productivo aragonés.
Ocurre algo similar en los siete juzgados de lo Social: entre todos tienen la capacidad teórica para tramitar 5.600 asuntos en un año, y solo entre enero y julio recibieron 1.341 demandas de despido y 1.456 reclamaciones de cantidad --conceptos salariales o sociales impagados--. Si se mantiene el ritmo y los magistrados trabajan a reglamento, solo podrían tramitar esos dos tipos de pleitos.
El panorama es parecido, o peor, en los juzgados de Primera Instancia, los encargados de tramitar los pleitos civiles entre los particulares. Dejando aparte los especializados en asuntos de Familia, hay 18 órganos de esa especialidad en Zaragoza. Su ratio de saturación está en 720 pleitos anuales. Y tan solo los pleitos por morosidad, que normalmente suponen la mitad de su trabajo, llevan camino de desbordar esa marca: sumaron 8.444 entre enero y julio --6.377 monitorios por deudas de menos de 150.000 euros, 370 cambiarios por efectos impagados, 921 demandas de desahucio y 776 ejecuciones hipotecarias-- cuando la capacidad total de las 18 oficinas es de 12.960.
Fuente_ El Periódico de Aragón.
