jueves, 9 de abril de 2020

IRPF:Deducción fiscal por movilidad geográfica. Modelo 145.


Este tipo de deducciones están reguladas en la Ley 25/2006 28 noviembre IRPF (ver art. 19 Rendimiento neto del trabajo).

Se podrán beneficiar de estas deducciones los funcionarios titulares e interinos que tomen posesión en otra localidad cumpliendo ciertos requisitos:

BENEFICIARIOS EN GENERAL: todos los que realicen un cambio de residencia por motivos laborales que cumplan los siguientes requisitos:

1º. El contribuyente debe estar desempleado e inscrito en la oficina del desempleo. 

2º. El nuevo puesto de trabajo tiene que ser en una nueva localidad distinta a la de residencia actual y que efectivamente implique un cambio de residencia.

Los que cumplan estos requisitos tienen derecho a la deducción en el IRPF en el ejercicio en que se produzca el cambio de residencia y, también, en el siguiente.
Art. 19.- Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.
Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

miércoles, 8 de abril de 2020

STAJ EXIGE AL MINISTERIO Y A LAS CCAA LA NEGOCIACION DEL PLAN DE CHOQUE CON LAS ORGANIZACINES SINDICALES El CGPJ redacta un documento base para el del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma..


STAJ ha exigido al Ministerio y a las CCAA la negociación del plan de choque con las organizaciones sindicales

El Consejo General del Poder Judicial ha informado ayer sobre la elaboración de un documento que sirva de base para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Según el CGPJ, el texto será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en el Real Decreto-Ley 11/2020.
Desde STAJ ya hemos exigido al Ministerio y a las CCAA la negociación del plan en cuanto afecte directamente a las condiciones de trabajo de todo el personal, ya que parece evidente que será necesario establecer planes de actuación o de refuerzo, no ya para la recuperación de los atrasos que haya provocado la situación de paralización de la actividad judicial -excepto en los servicios esenciales-, sino también acometer los posibles incrementos en la litigiosidad derivados de los efectos de la situación de estado de alarma. 

Desde STAJ queremos dejar también claro que los funcionarios de Justicia somos los primeros interesados en minimizar cuanto antes los efectos negativos del estado de alarma. Nosotros somos siempre nuestro propio plan de choque: Nadie nos hace nunca el trabajo cuando estamos fuera. Tenemos muy asumido que se nos guarda enterito para que lo recuperemos a la vuelta, y lo mismo haremos en esta ocasión, que a nadie le quepa la menor duda. 

Por otra parte, estaremos vigilantes para que no se aproveche la situación para externalizar servicios que prestamos los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que como tales funcionarios públicos somos los únicos garantes de la legalidad en las actuaciones judiciales y de los derechos de los justiciables. En ese sentido rechazamos algunas de las estrambóticas propuestas realizadas por algún Colegio profesional, que parece querer utilizar esta situación para arrogarse competencias que sólo pueden ejercer los funcionarios públicos de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial.

Registro Civil: Nota sobre teletrabajo con Inforeg. Reanudación procedimientos de adquisición de Nacionalidad.

FeSP UGT Zamora – El futuro del Registro Civil: Catalá pretende ...

Nota informativa sobre teletrabajo con inforeg.

Con motivo de la resolución del Ministerio de Justicia de 23 de marzo de 2020 sobre servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia y el protocolo de actuación para la cobertura de los servicios esenciales del Registo Civil durante el estado de alarma decretado por el Covid-19, se ha habilitado un acceso web a la aplicación INFOREG para su uso por los funcionarios cuando no se encuentren de manera presencial en los Registro Civiles.

Los funcionarios, una vez dados de alta, accederán a la aplicación a través del Acceso Remoto Seguro, tal y cmo aparece en la Guía Rápida de Acceso desde un equipo personal que se les remite una vez confirmada su alta. 

Una vez accedan a INFOREG, es importante recordar que, desde el punto de vista jurídico, una inscripción no está hecha mientras no esté impresa y firmada por el Encargado. Por tanto, es necesario que el procedimiento a seguir en la modalidad de teletrabajo sea compatible con el mantenimiento de la práctica habitual de inscripción en los libros de hojas móviles oficiales, no pudiéndose realizar dicha impresión en ningún otro soporte: la impresión de las inscripciones deberá seguir haciéndose enlas impresoras matriciales delas oficinas de Registro Civil. 

Sin embargo, las tareas de calificación documental, cumplimentación de datos para la generación de los borradores de asientos y otras tareas previas a la impresión sí podrán ser realizadas de manera remota.

Reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad.
En el BOE de hoy 8 de abril se publica la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Esta resolución no afectará al régimen de recursos que se pueden interponer frente a la resolución o actos de trámite cualificados que se dicten. Así mismo se mantiene la suspensión de 180 días que establece el artículo 12.1 del Real Decreto 1044/2015 y el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil para que se realicen ante el encargado del registro civil las manifestaciones a que se refiere el artículo 23 del Código Civil , relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, y la renuncia a la nacionalidad anterior, cuando proceda, y la solicitud de las inscripciones correspondientes en el Registro Civil.

MUGEJU: El Consejo de Ministros garantiza las retribuciones y licencias por I.T. durante el estado de alarma.


MUGEJU: El Consejo de Ministros garantiza las retribuciones y licencias por I.T. durante el estado de alarma.

-En la página del Ministerio de Justicia se ha publicado la siguiente noticia:

Los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria.

"El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado hoy los términos que garantizan la continuidad de las retribuciones de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) a los funcionarios de Justicia en situación de incapacidad temporal durante el estado de alarma. Estas normas temporales de actuación dirigidas a los órganos de personal para dar cobertura a la tramitación y abono de las diferentes situaciones, están incluidas en la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
 
Respecto de los mutualistas que lleven seis meses en situación de incapacidad temporal con anterioridad al estado de alarma, los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria. Lo recabarán posteriormente, cuando este pueda ser expedido por el facultativo de la entidad o servicio público de salud. 
 
Además, deberán comunicar a MUGEJU, por la aplicación informática habitual, los periodos temporales a los que corresponden las licencias y seguirán abonando el 100% de las retribuciones, sin efectuar el descuento de las retribuciones complementarias hasta que no finalice el estado de alarma.
 
MUGEJU compensará las cantidades equivalentes al subsidio de incapacidad temporal a la entidad que haya continuado abonando estas retribuciones con posterioridad y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos. 
 
Si la incapacidad temporal se inició con posterioridad a la declaración del estado de alarma, los órganos de personal podrán emitir la licencia inicial y, en su caso, las prórrogas de la misma aun cuando no dispongan del parte de baja, que recabarán posteriormente cuando pueda ser expedido. Deberán igualmente comunicar la situación de incapacidad temporal a MUGEJU por el procedimiento habitual."
-

MUGEJU confirma al pago de complemento por Incapacidad Temporal.

    En la página Web de MUGEJU se ha publicado la siguiente nota informativa relativa al pago de la prestación que se abona a los mutualistas en situación de Incapacidad Temporal una vez que se superan los 180 días en esa situación:

    La Mutualidad General Judicial, desde la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha dedicado toda su atención, su trabajo y sus esfuerzos a la prestación sanitaria y farmacéutica. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se establecieron unos servicios esenciales adaptando los limitados recursos materiales y humanos con que cuenta este organismo a las necesidades derivadas de una inédita crisis sanitaria, en el marco del estado de alarma, priorizando la salud de nuestros mutualistas.

    Entre esos servicios declarados esenciales no está incluida la prestación del subsidio por IT, cuya tramitación, al estar aún soportada en formato papel, y debido a los múltiples órganos que intervienen en este proceso, su tramitación rompería el principio de reducción de la movilidad, no sólo del personal propio del organismo sino de otros unidades administrativas como la Intervención Delegada.

    No obstante, la Mutualidad General Judicial ha continuado buscando diferentes alternativas para hacer frente a los pagos de los complementos correspondientes al subsidio por IT. Por tanto, nos complace anunciar, que este trabajo se ha visto reflejado en el Real Decreto-ley 13/2020 , de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario y, en particular, en la Disposición adicional quinta la cual garantiza el abono de las retribuciones a los mutualistas de MUFACE y de MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la vigencia del estado de alarma.

    Aquellos mutualistas de MUGEJU que, desde la declaración del estado de alarma, alcancen o hayan alcanzado el día 181 en situación de incapacidad temporal, percibirán el 100% de sus retribuciones a través de sus correspondientes órganos de personal, en su nómina ordinaria. Posteriormente, MUGEJU compensará al órgano de personal que ha continuado abonando esas retribuciones, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos.

    De esta forma, el mutualista recibirá el 100% de sus complementos en el mismo instante y se evitan las eventuales dilaciones, que en ocasiones puede dar lugar, la transferencia de documentación entre los órganos de personal y la Mutualidad General Judicial.

martes, 7 de abril de 2020

MUGEJU: Receta electrónica para mutualistas del sistema público de salud de Madrid y Baleares.


En la página Web de MUGEJU se publica la siguiente nota informativa:


Se informa que el colectivo de mutualistas adscritos a los sistemas públicos de salud de Madrid y de Illes Balears se han integrado en los sistemas de receta electrónica de dichas Comunidades Autónomas, uniéndose a los mutualistas del Servicio Valenciano de Salud.

Sin embargo, los mutualistas adscritos al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y que opten por la prescripción y dispensación electrónica, deberán abonar el 100% del precio del medicamento o producto sanitario en el momento de su dispensación en la oficina de farmacia. Posteriormente, podrán solicitar a MUGEJU a través del procedimiento de reintegro de gastos de farmacia, el porcentaje de financiación de esos medicamentos, según sean de aportación normal (30%), de aportación reducida (10% del PVP con un máximo de 4,24 euros por envase) o exentos de aportación en caso de productos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria y tiras reactivas.

Por tanto, la incorporación al sistema de receta electrónica del SERMAS será opcional para los mutualistas. Aquellos que continúen con la prescripción en receta en soporte papel se les aplicará las aportaciones correspondientes.

No se ha podido establecer la aportación correspondiente de los mutualistas, debido a la imposibilidad por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de llevar a cabo los cambios necesarios en los sistemas electrónicos de dispensación en las oficinas de farmacia.

Toda la información correspondiente a las medidas que se están tomando se mantendrán actualizadas en la sección "Destacados" bajo el enlace Información: "Medidas en el Estado de Alarma".

lunes, 6 de abril de 2020

NOTA DE PRENSA.: LOS SEIS SINDICATOS MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO CAMPO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19.

Exigimos asimismo que se inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal funcionario.

Resultado de imagen de IMAGEN MINISTRO DE JUSTICIA CAMPOVer enlace: La nota de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.

En la nota de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy importante.

No obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid.

Una obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el mismo, solicita.

Por todo lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos Campo el siguiente escrito:

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente solicitamos la convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y el apartado 1.b) de la D.A. 12ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia para abordar los siguientes temas:

1.- Integración de estas organizaciones sindicales en la  Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

2.- Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia, empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del personal al que representamos.

3.- Negociación de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes del personal.

Los seis sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.”

Registro Civil: nueva instrucción sobre remisión de datos de defunciones.

El Ministerio ha dictaminado que todos los Registros civiles, incluidos Juzgados de paz, remitirán por email, una vez finalizada su jornada laboral, una relación del número de defunciones, licencias de enterramiento y lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.   Instrucción

STAJ insta al Ministerio a que ordene a los Letrados de la Administración de Justicia a visualizar LEXNET,



El Consejo General del Poder Judicial, tras la queja formulada por los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Andalucía, ha enviado requerimiento al Gobierno Canario y a la Junta de Andalucía a fin de que se abstengan de dictar disposiciones administrativas que “obstaculicen el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos destinatarios de los servicios esenciales”, en directa alusión a las últimas instrucciones y resoluciones dictadas por estas dos Comunidades Autónomas en relación a la dotación de personal para la atención de los servicios esenciales.

El fundamento principal del requerimiento y de las quejas de los Tribunales Superiores de Justicia, -que se producen sin haber constatado ni una sola incidencia negativa en cuanto a la prestación de los servicios esenciales, pues ninguna se ha producido-, es que con el escaso personal presencial con que se ha dotado a esos servicios, especialmente en los órganos con competencias penales, no es posible acceder a Lexnet, para poder visualizar los escritos y “calificar” su urgencia. Además, atribuye esta obligación de “calificar” los escritos a los funcionarios, lo cual sorprende, pues se trata de una responsabilidad que legalmente corresponde a los Letrados A.J., que como tal es indelegable.

Pues bien, tanto el TSJ de Canarias, como el de Andalucía, MIENTEN, ya que es falso que los Letrados A.J. no puedan acceder a LEXNET en remoto. 

Desde STAJ hemos comprobado que sí pueden hacerlo, desde sus ordenadores personales privados, lo único que necesitan es tener instalada su firma digital, algo que, hoy en día, seguro que la mayoría tiene para poder hacer gestiones administrativas por INTERNET (por ejemplo, la declaración de la renta). Y si no la tienen instalada, que la instalen. Es muy sencillo.

Si los Tribunales de Justicia no sabían esta posibilidad, es una absoluta irresponsabilidad por su parte, no conocer las opciones que la aplicación ofrece en acceso remoto.

Por ello, STAJ ha instado al Ministerio a que ordene a los Secretarios de Gobierno, para que den las instrucciones oportunas a fin de que los Letrados de la Administración de Justicia accedan en remoto diariamente a las bandejas de entrada de Lexnet de sus respectivos órganos judiciales, visualicen los escritos, califiquen si son urgentes o no, y sólo en el caso de existir alguno relativo a actuaciones urgentes propias de los servicios esenciales, dispongan lo necesario para que el personal que esté en turno de disponibilidad acuda al juzgado a realizar la actuación de que se trate y por el tiempo indispensable, si no es posible realizarla de forma telemática.

Es vergonzoso que a estas alturas muchos aún no hayan comprendido la magnitud de la crisis sanitaria que vivimos, y que la única medida eficaz para evitar la propagación del virus es la reducción drástica de la movilidad de personas.

domingo, 5 de abril de 2020

Seis sindicatos acusan al CGPJ de poner en riesgo la salud de miles de funcionarios de Justicia.


Los seis sindicatos que representan a los funcionarios de Justicia se han puesto en pie de guerra contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que acusan de “poner en riesgo su salud”, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias “innecesarias”. Consideran que discrimina a estos funcionarios frente a los jueces, a quienes se les permite -según denuncian- trabajar desde casa “con los equipos informáticos prestados por la administración y de los que no dispone el resto de personal de la Justicia”.

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia ( STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA) se han puesto de acuerdo para reprobar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todo el órgano por su gestión en la crisis sanitaria del Covid-19. Además, les acusan de atribuirse unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales. “Ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”, recogen en un comunicado conjunto.

Para las seis organizaciones sindicales, los comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia por acuerdo de la comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. “En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”, añaden.

Sabotaje

Estos sindicatos denuncian la táctica de sabotaje empleada por el órgano que regula a los jueces para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. “Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia”.

Además, reclaman una disculpa por parte de Lesmes por acusar a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia de “falta de profesionalidad” por poner en entredicho la obligación de ir a sus puestos de trabajos sin las condiciones necesarias que salvaguarden su salud.

“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia”, subrayan.

Piden ayuda a Justicia

Ante esta situación, estos sindicatos piden ayuda al Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, y a las comunidades autónomas con las competencias transferidas para que “pongan freno” al CGPJ. “La Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los jueces y magistrados.

La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales”, concluyen.

viernes, 3 de abril de 2020

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19.



-Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,

-Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia
Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

-Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. 

La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

-Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.


#estevirusloparamosunidos

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestima la adopción de medidas cautelarísimas solicitadas por STAJ.




Hace unos días os informábamos que STAJ había presentado demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, interesando la adopción de medidas cautelarísimas a fin de que por parte del Ministerio proporcione a los funcionarios que prestan presencialmente los servicios esenciales los equipos de protección individual.

STAJ entendía que la prioridad son los servicios sanitarios, pero también todos aquellos servicios que deban prestarse de cara al público, como son los servicios esenciales de la Administración de Justicia, especialmente guardias, Registro civil, etc.  y por ello se solicitaba  a la Sala Social que acordaran las siguientes medidas:

-       Ordenar al Ministerio que de forma inmediata, faciliten a los integrantes de los órganos judiciales que deban realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19, los equipos individuales de protección, mascarillas, guantes y geles, para su uso obligatorio durante la prestación del servicio esencial.  

-       Ordenar a la parte demandada que, DE FORMA INMEDIATA, proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones, asumen por ello.

-       Dispensar a los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los equipos de protección individualizada anteriormente referidos.

La Sala Social desestima la primera petición amparándose en que ante la diversidad de actividades de los funcionarios de la Administración de Justicia, las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de Protección Individual  EPI) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional.
Se deniega la solicitud primera sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia y siguiendo las recomendaciones de Sanidad, y teniendo en cuenta la escasez de equipos de protección y atendidos los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario, pueda proceder a la adquisición de los mismos para poner a disposición de los funcionarios de la Administración de Justicia dichos equipos.

STAJ es consciente y entiende la escasez de material y la prioridad de otros trabajadores como los sanitarios con una exposición mayor y por ellos, STAJ y el resto de organizaciones sindicales venimos denunciando desde la declaración del estado de Alarma que ha sido la injerencia del Consejo General del Poder Judicial la que está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, cuando el servicio esencial de la administración de Justicia salvo en los casos concretos en que es necesaria la presencia (guardias, violencia sobre la mujer, internamientos y alguna actuación del registro civil) puede atenderse con un régimen de disponibilidad de los funcionarios que en el supuesto de producirse la necesidad de la actuación se desplacen a la sede judicial para realizarla, pero sin exponer innecesariamente a miles de funcionarios a desplazarse “por si acaso se produce una actuación” es así como entendemos que se garantiza el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales. Y es para estos servicios esenciales que deben hacerse necesariamente de forma presencial que se faciliten los Equipos de protección.

La gravedad de la crisis sanitaria que vivimos y la necesidad de reducir el movimiento y exposición de la población para conseguir vencer esta pandemia nos obliga a seguir luchando para conseguir que la prestación de servicios presencial en la Administración de Justicia se reduzca a las actuaciones anteriormente mencionadas quedando en régimen de disponibilidad el resto de funcionarios para atender aquellas que se produzcan, .para así ayudar a superar esta crisis y que podamos recuperar la normalidad cuanto antes.

El Ministerio requiere a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la Resolución de 29 de marzo, que antepone la prestación del servicio mediante disponibilidad.

Tras las denuncias formuladas por STAJ sobre los incumplimientos en muchos territorios de la Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de marzo, sobre dotación de personal para cubrir los servicios esenciales, en la que se prima la prestación del servicio mediante disponibilidad, dejando la prestación presencial al mínimo imprescindible, el Ministerio de Justicia ha trasladado a los sindicatos representativos, en la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia, que ha dado *orden a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la resolución dictada, promoviendo la disponibilidad como mecanismo prioritario,* para poder proteger la salud de los trabajadores.

El Ministerio nos pide colaboración en este sentido a fin de que comuniquemos aquellos casos en que no se esté cumpliendo, y así lo estamos haciendo y trasladando al Ministerio, para que actúe en consecuencia.

En cuanto a los EPIS, a partir de la semana que viene se contará con un número mayor de ellos y se repartirán de manera inmediata, conforme se ha realizado el anterior reparto.

En la actualidad no se dispone de test para detectar el virus, para los funcionarios de justicia, porque lógicamente se ha priorizado y destinado al personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

M. Forenses y Profesionales del I. N. de Toxicología y C. Forenses: Puesta a disposición de las Comunidades Autónomas.

En el BOE de hoy 3 de abril se publica una modificación de la Orden SND/232/2020 de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos que afecta a los Médicos Forenses y personal del INTC:

«Octavo bis.Puesta a disposición de las comunidades autónomas de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las comunidades autónomas podrán disponer de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia, pudiendo destinarlos a aquellas labores de apoyo o de refuerzo sanitario que se estimen oportunas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.


El Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto que procedan, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

MUGEJU: Aviso a los mutualistas tratados con Hidroxicloroquina y Cloroquina.


Nota informativa publicada en la página web de MUGEJU

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha indicado, en el marco del estado de alarma en que nos hallamos, que las prescripciones de medicamentos que contengan hidroxicloroquina/cloroquina como son los medicamentos: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, y Resochin deben realizarse en las recetas oficiales y tiene que acreditarse que el paciente cumple los requisitos establecidos para su prescripción.

Desde MUGEJU estamos remitiendo directamente a cada uno de nuestros mutualistas afectados una Declaración Responsable expedida por la Gerente de este organismo, para ser presentada -junto con la receta oficial de MUGEJU correctamente cumplimentada- en la oficina de farmacia para la dispensación de cualquiera de los medicamentos señalados anteriormente.

No obstante, ante la eventualidad de que debido a errores u omisiones que puedan contenerse en nuestra base de datos, no resulte posible la remisión de la Declaración Responsable, se avisa a las personas interesadas de que, si no la recibe en los próximos días, nos lo indique poniéndose en contacto con nuestros Servicios Centrales,  mediante correo electrónico en la siguiente dirección: farmacia.mugeju@lista.justicia.es .

MUGEJU: Acuerdo entre el CGCOF y Cruz Roja para la dispensación de medicamentos a domicilio.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración que puede ser de interés para muchos mutualistas de MUGEJU con problemas para acudir a la farmacia en estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.
Las más de 22.000 farmacias y la red de más de 200.000 personas voluntarias de la Cruz Roja han sumado sus fuerzas para facilitar la entrega a domicilio de medicamentos a pacientes en cuarentena, con problemas de movilidad, enfermedad aguda –incluidos los afectados por Covid-19- crónicos complejos con enfermedades respiratorias o que supongan un déficit de la inmunidad, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. El acuerdo, estará vigente mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Entrega a domicilio.
El servicio podrá incluir la entrega de medicamentos en el domicilio de la persona que lo demande, con y sin receta médica, del SNS y de receta médica privada, productos sanitarios y productos de salud.
Los interesados podrán solicitar su medicamento a cualquier farmacia de su municipio o municipio limítrofe en caso de que en el suyo no haya farmacia.
Para más detalles sobre la prescripción de recetas, la gestión y entrega de los pedidos así como el pago de la mismos, pueden consultar los siguientes enlaces:

Acción social.