Tras la denuncia presentada por STAJ por la no convocatoria de OPE para la Administración de Justicia de forma reiterada, hemos sido recibidos por la Adjunta de la Defensora del Pueblo, junto con los Asesores en materia de Empleo Público de dicho organismo.
STAJ ha aprovechado la reunión para trasladar a la Institución del Defensor del Pueblo nuestra preocupación y denuncia por la situación que atraviesa la Administración de Justicia en todo el Estado, y que está íntimamente relacionada con la insuficiencia de medios materiales y personales, que se agrava, precisamente, por la reiterada suspensión de las ofertas de empleo público.
En tal sentido, le expusimos con la máxima claridad los siguientes aspectos
v La situación actual está llevando al colapso generalizado de juzgados y tribunales, lo cual, en definitiva, beneficia al corrupto y al delincuente de forma clara, pues ese colapso genera ineficacia en la Administración de Justicia, que no llega o llega muy tarde para dar respuesta a todos los casos de corrupción que inundan, vergonzosamente, la vida pública en nuestro país.
v Los juzgados están “infradotados” y ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que a fecha actual hay mas de 600 puestos vacíos sin nombrar interinos para la cobertura temporal de bajas o vacantes, con datos similares encontramos en la C.Valenciana o la ralentización de los nombramientos, que sucede en muchos otros ámbitos como Aragón.
v Esta situación es ya alarmante y lleva a suspensiones de juicios o retraso de estos, lo que puede provocar la prescripción de delitos y de faltas, truncando así la persecución de las conductas delictivas que es misión de la Administración de Justicia, así como la eternización de procedimientos judiciales civiles, sociales o contencioso-administrativos, lastrando aún más, si cabe, el movimiento de la economía en nuestro país.
Con la falsa excusa de buscar soluciones a ese colapso, el Ministerio de Justicia y el Gobierno se han embarcado en proyectos privatizadores de importantes ámbitos de la Administración de Justicia, así como reformas legislativas y de la organización judicial que alejan la Justicia del ciudadano, o que sencillamente vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, como es el caso de la Ley de Tasas, que invita al ciudadano a no litigar so pena de tener que abonar unos gastos excesivos para hacer valer sus derechos ante la Justicia.
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El vicepresidente del Tribunal Supremo, Angel Juanes, cree que encomendar la instrucción de los grandes casos a un grupo de tres jueces puede traer problemas de coordinación y retrasos, y considera que esa labor debería encomendarse al Ministerio Fiscal.
