En principio, parece que
el anuncio de que el Gobierno pretende encargar las funciones de
Registro Civil a los Registradores de la Propiedad se hará oficial tras
el Consejo de Ministros del próximo viernes día 30 de noviembre.
Con ello, el Ministerio
no sólo "desjudicializa" el Registro Civil (estaba previsto tras la
última modificiación de la Ley del Registro Civil en julio de 2011 que
dejara de ser una función jurisdiccional, para ser asumida por la
Administración), sino que lo hace "semiprivado", pues lo pone en manos
de los Registradores de la Propiedad, que aunque son funcionarios en
realidad es como si no lo fueran, pues actúan como profesionales
cobrando por arancel y no por sueldos públicos, y tienen a su cargo
personal laboral no sometido al estatuto de los funcionarios públicos,
únicos garantes de la legalidad.
El nuevo sistema, en
fin, supondrá un nuevo coste para los ciudadanos, que tendrán que abonar
el arancel correspondiente por la realización de cualquier actuación
relativa al Registro Civil y por las certificaciones que a tal efecto se
expidan por el Registrador de la Propiedad.
