La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que
cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un
máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. Toda esta reforma está supeditada a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Justicia ha realizado ya
un borrador con el que se modifica la Ley 1/96 de 10 de enero de
Asistencia Jurídica Gratuita. El departamento que dirige Alberto Ruiz
Gallardón ha remitido este texto a las CCAA para recabar sus opiniones,
teniendo como objetivo lograr "una Justicia gratuita más justa",
tal y como afirmó el pasado lunes el ministro en el Congreso de los
Diputados, donde compareció para defender la nueva Ley de Tasas
Judiciales.
El Ejecutivo ha detectado que se producen casos de abusos en la
utilización de este servicio, que supone al año un coste anual de 269
millones de euros para el erario público. Entre otros casos, se ha
constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas
de tráfico.
Por ello, en el borrador que ha redactado el Ministerio de Justicia
para modificar la citada norma, incluye una serie de medidas que limitan
la utilización de este servicio aplicando la presunción del 'iuris
tantum', según el cual se aplicará una presunción de abuso para todas
aquellas solicitudes que excedan de tres al año, salvo que se acredite
que hay un legítimo derecho por concurrir razones especiales. Además,
si el ciudadano que ha utilizado ya en tres ocasiones un abogado de
oficio es demandado, podrá volver a recurrir a la justicia gratuita si
reúne los requisitos para ello. Esta limitación se aplicará a los
procedimientos civiles, contenciosos y en la jurisdicción social, pero
no se aplicará en la jurisdicción penal, para la que no se establecen
topes de utilización.
