Desde el pasado mes de julio, tras la publicación del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las empleadas y los empleados públicos venimos mostrando nuestro profundo malestar a través de movilizaciones en todos los sectores y Administraciones.
La citada norma conllevó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones durante la situación de incapacidad temporal. Y con la nueva Ley de Tasas, se restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de las empleadas y empleados públicos en defensa de sus derechos laborales. A lo que hay que añadir la congelación de la Oferta de empleo público, la amortización de vacantes y la reciente aprobación del Reglamento que regula y facilita los despidos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas, con el consiguiente incremento de la tendencia que pone de manifiesto la última Encuesta de Población Activa, en la que, por primera vez, se pierde más empleo público que privado.
