La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha puesto el grito en el cielo por las últimas novedades que, vía enmienda, fueron introducidas en el Proyecto de Reforma del CGPJ durante el trámite en el Congreso.
Dos de estas
enmiendas suponen para los magistrados del alto tribunal una clara
injerencia política, en especial la que prevé la creación de una nueva figura para el Supremo, la de vicepresidente, que será el mismo que tenga este cargo en el CGPJ y con labores específicas en ambos órganos.
Por
ello han pedido a Moliner que solicite una reunión urgente con el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el objetivo de que
estas modificaciones, que no pudieron ser informadas por el CGPJ al no aparecer en el Anteproyecto, no cristalicen en el texto final,
Actualmente no
existe vicepresidente en el Tribunal Supremo y en ausencia del
presidente actúa en esas funciones el magistrado más antiguo del órgano.
Lo que pretende el Gobierno es que el vicepresidente del CGPJ -que
tiene que ser uno de los tres vocales que designe el Parlamento procedentes del alto tribunal- sea también vicepresidente del Supremo.
Sala especial : Otra
de las novedades introducidas en el trámite parlamentario y que no
gusta nada en el Supremo es la creación de una sala específica dentro
de la de lo Contencioso-Administrativo para controlar los actos del
CGPJ, es decir, para ver los recursos presentados contra las decisiones
del órgano de gobierno de los jueces
El pasado 9 de
mayo, el Pleno del CGPJ aprobó con el único voto favorable del Grupo
Popular y de UPN (socio electoral del PP), el proyecto de ley que
reforma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PSOE anunció
que llevará la ley al Tribunal Constitucional cuando sea aprobada
definitivamente por el Senado.
El nuevo
Consejo estará protagonizado por una mayoría de vocales 'a tiempo
parcial', restará peso a la participación de las asociaciones en el
proceso de elección y tendrá una actividad internacional coordinada con
el Ministerio de Exteriores.
Los grupos de
la oposición y las asociaciones de jueces y fiscales han sido unánimes
al denunciar que esta reforma supone "un manifiesto ataque" a la
independencia del poder judicial y al máximo órgano de su gobierno. prensa
