En el BOE del pasado viernes se publicó la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuyas disposiciones adicionales se establece la PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL , encargando su llevanza en el futuro a los Registradores Mercantiles.
STAJ sigue insistiendo en que aun desjudicializando el Registro Civil estos deben seguir siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales pueden ser los Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continuar prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.
Este sindicato aboga por la modernización del Registro Civil, para lo cual, insistimos, lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro de la Administración de Justicia lo que garantizará su calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los ciudadanos.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio de justicia la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia.
De no ser así nos veríamos obligados a adoptar otros medios de presión más contundentes.
