El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó su plan de trabajo hasta el final de la legislatura, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que incluye la revisión de las propuestas legislativas más polémicas de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.
-REVISION DE LA LEY DE TASAS.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer la revisión de la Ley de Tasas, que ha recibido una amplia y contundente contestación social y de los colectivos del mundo de la Justicia. El nuevo equipo ministerial se reunirá con todos los operadores jurídicos y con los grupos parlamentarios para escuchar sus puntos de vista y aportaciones. Y una vez hecho esto, se analizará si procede una mejora de la aplicación de la Ley.
-ORGANIZACION JUDICIAL.
Se mantendrá la estructura actual del modelo judicial sobre la demarcación, manteniendo la base de los partidos judiciales, aunque se incluirán mejoras necesarias para que la distribución territorial judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al ciudadano. Se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial.
-JUSTICIA GRATUITA.
Se continuará con la tramitación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en fase de ponencia, y cuyos principales beneficios ya se adelantaron mediante el Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero. Esta norma incluye la elevación de los umbrales de renta que dan acceso a este derecho; el reconocimiento como beneficiarios, con independencia de sus recursos, de determinados colectivos; y el aumento de la cartera de prestaciones, incluida la exención del pago de la tasa, que se ofrece a los beneficiarios, que son los que podrán escoger libremente cuáles de ellas deciden usar.
-REGISTRO CIVIL.
Los registradores seguirán siendo el cuerpo designado para la gestión del Registro Civil,pero se revisará el proyecto concebido desde un principio, con el diálogo con el Colegio Profesional, sin necesidad de crear una corporación para articular este proceso. Además, se construirá una comisión mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores que estudiará cómo diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio con los recursos existentes y garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. El Registro Civil es protagonista de algunas de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), desarrolladas por reformas legislativas, como la que permitirá la tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de los nacimientos como de las defunciones.
Desde STAJ, continuaremos luchando porque el nuevo Ministro cambie de opinión, y mantenga el Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia, tal y como está en la actualidad, servido por funcionarios de Justicia, de manera eficaz y profesional.
