El objetivo, ha dicho el ministro, es trabajar por una Justicia al alcance de todos, para lo que ha destacado las últimas iniciativas aprobadas por el Ejecutivo, la derogación de las tasaspara las personas físicas en todas las instancias y en todos los órdenes, el mantenimiento del actual modelo de demarcación judicial y el uso masivo de las tecnologías, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
Rafael Catalá se ha referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha permitido articular mecanismos de reparto de la carga de trabajo dentro del ámbito provincial y ganar coherencia en seguridad jurídica al establecer, a través de plenos no jurisdiccionales, criterios semejantes para casos parecidos. Todo ello permitirá reducir los tiempos de respuesta al ciudadano.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro ha señalado que su modificación ha permitido simplificar los trámites, como por ejemplo el juicio verbal, donde se admitirá la contestación escrita y, sobre todo, propiciará el impulso definitivo del uso de las nuevas tecnologías de la información. A partir del 1 de enero de 2016, los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales estarán obligados a emplear sistemas telemáticos para presentar escritos y documentos en la realización de actos de comunicación procesal.
Catalá se ha referido también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): la Ley Orgánica que regula el fortalecimiento de las garantías procesales, y la Ley que regula la agilización de la justicia penal. Ambas, ha indicado, posibilitarán instrucciones más ágiles de las causas penales y unos juzgados y tribunales que abrirán juicio oral por cada delito, sin necesidad de esperar durante años a la conclusión de enormes y a veces inmanejables macrosumarios.
La mejora de la organización judicial, ha dicho el ministro, tiene que estar apoyada en el uso masivo de las tecnologías de la comunicación para poder ofrecer a los ciudadanos una Justicia abierta, digital e innovadora. Y para ello ha pedido la colaboración de todos los operadores jurídicos, para, entre todos, alcanzar el éxito de las iniciativas impulsadas para la reforma de la Justicia.prensa
