El proyecto, para el que Justicia tiene previsto destinar 47,6 millones de euros durante este año con cargo a su presupuesto, pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Tras su aprobación, el texto pasará al Senado para su tramitación correspondiente.
La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales. Durante el debate previo a la aprobación del texto, la mayoría de los grupos de oposición mostró sus dudas sobre el cumplimiento de este objetivo. Todos ellos apuntaron a que la iniciativa carece de los medios suficientes para ponerse en marcha. Lee la noticia completa en abc.es