La creación del fiscal instructor se incluiría, según ha manifestado Rafael Catalá, en el grupo de medidas reformistas que han quedado pendientes, junto con la organización territorial de la Justicia, ya que la eliminación de los partidos judiciales se aparcó por las tensiones que generó en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas.
Reconoce que "quedan muchas cosas por hacer" puesto que muchos de los cambios han visto "limitado su ámbito" debido a que parte de las propuestas no generaban el consenso suficiente. "La organización territorial de la Justicia queda para la próxima legislatura".
Otro asunto pendiente es el de la gestión de los registros civiles, y en este punto Catalá reconoce que aún no han definido si éstos van a ser finalmente desjudicializados tal y como se planteó en 2011 o se buscarán otras fórmulas.
"Las alternativas son varias, tenemos grupos de reflexión valorando las ventajas y los inconvenientes y yo confío que tanto en el ámbito profesional de los sindicatos del entorno de la justicia como desde los partidos políticos se aporten ideas a este debate y podamos desde el inicio de la legislatura próxima identificar el modelo compartido y trabajar en él", ha señalado.
