
La situación es general en todo el territorio dependiente del Gobierno central, según dicen, y lo grave es que pese a la petición de apertura de mesa de negociación específica, avalada por 10.000 firmas, el ministerio que dirige Rafael Catalá no les atiende, han denunciado. Por estos motivos, los mismos que vienen denunciando en estos tres últimos años, no descartan incluso convocar huelga (la última fue en 2008).
"No es una cuestión de dinero o sueldos, sino de inversiones para mejorar un servicio público cada vez más deteriorado", ha insistido Carmen Romero, de STAJ.