Las organizaciones convocantes denuncian que la situación “arrastramos con anterioridad a la implantación de la nueva oficina judicial, y por la pésima gestión e improvisación de la Dirección General de Justicia”. Según han señalado, la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, aprobada el 2 de enero del pasado año, ha coincidido con la implantación en Zaragoza de la oficina judicial única y los tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales, sin que se hayan garantizado los medios necesarios.
PROTESTAS POR FALTA DE PERSONAL Y RECURSOS
Entre los principales problemas, los sindicatos, destacan la “falta masiva de personal en todos los centros de trabajo”, especialmente en servicios sensibles como las guardias. También denuncian la “suspensión de comisión de servicios, sustituciones, y falta de transparencia y rapidez en el nombramiento de personal interino”, lo que, a su juicio, está repercutiendo directamente en el funcionamiento diario de los juzgados.
Además, critican la “redistribución anómala del personal en los nuevos puestos de trabajo por la interesada aplicación de los criterios de acoplamiento” y el “recorte de derechos de los funcionarios debido a la falta de personal”, con limitaciones en vacaciones, permisos y movilidad interna.
INCIDENCIAS TÉCNICAS Y RETRASOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
Las organizaciones sindicales también ponen el foco en los problemas materiales y técnicos. Denuncian la “deficiente inversión en formación del sistema de gestión informático” y la “falta de formación genérica para la cualificación del personal funcionario”, así como las “incidencias constantes de los sistemas informáticos”.
A ello se suma, según señalan, un “reparto desigual de cargas de trabajo y desconociendo los criterios”, que está provocando retrasos en la tramitación de procedimientos y la suspensión de actuaciones judiciales. También alertan de que “tanto la telefonía como las impresoras no se encuentran configuradas en las oficinas judiciales, y en algunas falta incluso mobiliario”.
Los sindicatos han recordado que el 8 de enero de 2025 firmaron un acuerdo para garantizar aspectos como el mantenimiento de las “mochilas económicas”, evitar la movilidad fuera de la localidad y conservar el mismo número de plazas, compromisos que, según denuncian, no se están cumpliendo en la práctica.
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Los funcionarios de Justicia se concentrarán en Zaragoza por la Ley de Eficiencia.
