Para la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro años y se podrá prorrogar anualmente por otros dos más, se han tenido en cuenta fundamentalmente criterios económicos y circunstancias de carácter técnico, con el objetivo final de modernizar la Administración de Justicia.
Durante los últimos años el saldo total de las cuentas superó los 3.200 millones de euros y el Tesoro Público recibió más de 100 millones de euros en cada ejercicio en concepto de intereses remuneratorios.