Abogacía, notarios, registradores, jueces, procuradores y graduados sociales exponen cuáles deben ser las prioridades a la hora de plantear un cambio en el funcionamiento de la Administración de Justicia.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está decidido a profundizar en las reformas emprendidas en la pasada legislatura para modernizar la Administración de Justicia española. A diferencia de su predecesor, que puso en marcha varias iniciativas que pusieron en pie de guerra al sector, como ocurrió con las tasas judiciales, el actual titular de la cartera busca el consenso con el resto de actores del mercado legal para acometer un cambio de calado en el modelo actual.
EXPANSIÓN ha recogido las propuestas que los distintos agentes -abogacía, notarios, registradores, jueces, procuradores y graduados sociales- han puesto sobre la mesa para diseñar una hoja de ruta que permita lograr el acuerdo de todos los implicados en la reforma del sistema de Justicia en España.
Prácticamente todos coinciden en la necesidad imperiosa de aligerar la carga de asuntos que congestionan los tribunales y que inciden dramáticamente en las estadísticas de tiempo de espera hasta que llega la sentencia. Por eso, apuestan por fomentar de manera decisiva los mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales, como el arbitraje, la mediación o la conciliación, así como delegando nuevas competencias en algunos de estos colectivos. En las últimas reformas ya se ha dado algún paso en este sentido, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, aunque la mayoría coincide en que es necesario seguir avanzando por este camino.
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