Comienza la campaña electoral, las elecciones europeas ya están ahí, y el gobierno necesita votos, en estos últimos años el colectivo de funcionarios ha sido vapuleado en aras de cumplir los objetivos de déficit marcados por la "troika" (reducción de vacaciones por antigüedad, canosos, reducción del sueldo, congelación salarial, descuentos en nómina en situaciones de Incapacidad Temporal, retraso o no nombramiento de interinos, reducciones de plantilla, desaparición de la OEP, “movilidad geográfica” y así hasta un largo etc).
Entre el amplio número de recortes que hemos sufrido, se encuentra la reducción de días por asuntos particulares, una decisión que al menos en el ámbito de la Administración de Justicia, no producía ningún ahorro a las arcas públicas, ya que los expedientes y los escritos pendientes de tramitar se van acumulando mientras el empleado está de permiso o vacaciones, (salvo en materias urgentes), teniendo que sacarlos una vez se reincorpore a su trabajo.
Por lo que, viendo de donde venimos, la decisión del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciando que devolverá otro día de libre disposición a los funcionarios no debería contentarnos demasiado.
Recordemos que los funcionarios de Justicia, antes de los recortes, teníamos 9 días de asuntos particulares, frente a los 6 que tenía el resto de funcionarios con carácter general, por las especialidades del trabajo y dedicación que se requieren en esta Administración, por lo que nuestra pérdida fue mayor que la que han padecido los funcionarios de otras Administraciones. Y no hay que olvidar que esos días de más que teníamos fueron a cambio de una congelación salarial, y ahora no tenemos ni esa retribución económica, ni los días adiccionales de libre disposición.
Recordemos también que en el último trimestre del año pasado estuvimos a punto de recuperar esos tres días que teníamos de más, pero el Gobierno al final se echo atrás, quizá para ir dosificandolos poco a poco, como está haciendo, con fines electorales.
