Se cumplen dos meses de la huelga de funcionarios de Justicia de Galicia. Sesenta días en los que los juzgados y los registros civiles de la comunidad han estado casi paralizados y se han suspendido más de 17.000 juicios y decenas de miles de trámites. Ni los meses de negociaciones con más de una docena de reuniones, ni las ofertas y contraofertas de ambas partes, ni las declaraciones cruzadas en los medios, ni las quejas de los ciudadanos han servido para llegar a un acuerdo y no se atisba en el horizonte una solución al conflicto.
La Xunta sigue sin mover ficha y se mantiene en su última oferta: 133 euros más al mes para los gestores, 108 para tramitadores y 105 para el cuerpo de auxilio. Además ha tensado un poco más la cuerda ya que ha abierto una veintena de procedimientos informativos para averiguar si se han incumplido los servicios mínimos. En el caso de confirmarse, derivarán en la apertura de un expediente disciplinario. La mayor parte de estos procedimientos han sido en Pontevedra, que es la provincia con mayor seguimiento de la huelga.
Unas 2.000 personas marcharon ayer sábado por las calles de Santiago. Al grito de "Frente a la prepotencia, resistencia", funcionarios llegados de las cuatro provincias gallegas han reclamado la dimisión del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que consideran "incapaz" y "desautorizado" para resolver el conflicto.
"No es cierto que tengamos intención de que esta huelga dure, es la Xunta quien la está alargando con su incapacidad y su prepotencia", ha asegurado Enrique Araújo, del STAJ, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha.
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